La Delegación Mar del Plata del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) expresó su profunda preocupación y rechazo a la resolución del magistrado Alfredo López que hizo lugar a una medida cautelar que pedía que se suspendan los efectos de la Ley 27.610, por considerar que la norma viola la obligación internacional del Estado argentino de proteger la vida desde la concepción. De esta forma, el magistrado ordenó la suspensión cautelar tanto de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo como del “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, aprobado a fines de 2019 por el Poder Ejecutivo Nacional.
Desde INADI creemos que esta judicialización de la soberanía sexual es una reacción claramente antidemocrática y conservadora, que atenta contra los DDHH de las personas gestantes.
La realidad es que luego de mucho debate y movilización, el cuerpo legislativo nacional asumió el debate, y junto a la mayoría de la sociedad, decidió reconocer el derecho a abortar. Perdida esta disputa democrática que los sectores antiderechos vayan al poder judicial a seguir allí su disputa política y social, es algo muy desalentador para el estado de derecho. Los intentos de los sectores conservadores para frenar la aplicación de esta ley con recursos de amparo para que sea declarada inconstitucional, vienen fracasando en todo el país.
Hasta el momento se presentaron 29 recursos de este tipo en diferentes provincias y fueros (federal y provincial), y 18 ya fueron rechazados. Nos preocupa que en nuestra ciudad se dé lugar a esta posición minoritaria y antidemocrática. Ojalá los tribunales no sigan acompañando estas iniciativas jurídicas antifeministas.
