Un fiscal pidió este lunes una pena de 50 años de prisión para siete de los acusados por el ataque a la comisaría de la localidad bonaerense de San Justo en el que en 2018 quisieron liberar a un detenido, se tirotearon con cuatro policías y dejaron parapléjica a una de las oficiales.
Los pedidos fueron realizados en la mañana del lunes por el fiscal de Ariel Speranza Rossi en su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de la Matanza, integrado por los jueces Pablo Gayol, Franco Fiumara y Nicolás Grappasonno, que dará a conocer el veredicto el próximo viernes a las 11.
Si bien el juicio se inició de manera semipresencial el 26 de marzo pasado con los jueces, abogados y testigos en la sede de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza, y los presos siguiendo todo por la plataforma Teams desde unidades carcelarias, los alegatos se realizaron este lunes en la sede de la Jefatura Departamental La Matanza de la policía bonaerense, donde los ocho imputados fueron trasladados con un fuerte dispositivo de seguridad.
Apelando al máximo que el Código Penal permite por sumatoria de penas, el fiscal pidió medio siglo de prisión para Leandro David Aranda (25) -el preso que iba a ser rescatado-, su esposa Zahira Ludmila Bustamante (22), Gonzalo Fabián D'Angelo (25), Daniel Alberto Rodríguez (33), Tomas Sosa (22), Sebastián Ariel Rodríguez (42) y la abogada Leticia Analía Tortosa (41).
La calificación
La calificación elegida por el fiscal para todos los acusados a los que les pidió los 50 años como coautores fue la de "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas 'criminis causae', contra un miembro de las fuerzas públicas y por haber sido cometido mediante el empleo de arma fuego -reiterado en cuatro oportunidades- en grado de tentativa y portación ilegal de arma de guerra, los cuales concursan realmente entre sí, todo lo cual concursa idealmente con el delito de evasión agravada en grado de tentativa".
En el caso de la letrada Tortosa -a quien se la acusa de haber aprovechado una de sus visitas a la comisaría para entregarle a Aranda el teléfono con el que, unos días antes y desde el calabozo, se contactó con la banda-, el fiscal solicitó subsidiariamente que se la condene a 20 años si llegan a considerar que solo actuó como partícipe secundaria y además, una inhabilitación especial y perpetua para el ejercicio de la abogacía.
En tanto, para al octavo imputado, Bruno Damián Postigo Marullo (22), quien es primo de Bustamante, el fiscal pidió una pena de 6 años por “encubrimiento agravado”, ya que sólo quedó involucrado por haber hecho una falsa denuncia por el robo de un auto que la banda usó en el golpe frustrado.
En su alegato, Speranza Rossi habló de un hecho de “gravedad institucional”, que contó con una “planificación” y una “división de roles y tareas”.
El principal acusado es Aranda, quien estaba preso desde 2017 por un crimen narco en una villa de La Matanza -hecho por el ya está condenado a 10 años-, y según dijo hoy el fiscal, “tenía problemas afuera” y debía salir de la comisaría porque “había mejicaneado a un narco de la villa 1-11-14” de la Capital Federal.
Por eso, según la imputación, planteó su propia evasión junto a su esposa Bustamante, quien, según sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal, fue a rescatar a su marido con un bebé de pocos meses.
