Patricia Bullrich tuvo un particular modo de conmemorar los 48 años del último golpe de Estado: dejó caer las recompensas que pagaba el Estado nacional a quienes aportaran datos que permitieran localizar a los prófugos requeridos en causas por delitos contra la humanidad. La decisión de la ministra de Seguridad se enmarca dentro del llamado del presidente Javier Milei a iniciar una nueva “era de reconciliación con las Fuerzas Armadas”.
Hasta el 24 de marzo había 22 fotografías de represores que eran buscados por el Estado argentino y por los cuales se ofrecía una recompensa de 5.000.000 de pesos. Desde el lunes, solo queda una sola imagen: la de Aníbal Miguel Sánchez, un oficial del Ejército que estuvo a cargo del área de Personal del Regimiento de Infantería 6 de Mercedes.
Desde 2008, el Estado argentino puso en marcha un fondo de recompensas para contribuir en la búsqueda de la justicia. Se creó a través de la ley 26.375. En su artículo 6, esta norma establece que el ofrecimiento de la recompensa se realizará por el plazo de doce meses a partir de la fecha de la resolución que la establezca. Dice también la ley que se puede prorrogar sin límite o restablecerse conforme lo considere la autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación, en este caso, es el Ministerio de Seguridad que capitanea Bullrich. La ministra aprovechó que el 24 de marzo se cumplieron los doce meses desde que Aníbal Fernández firmó la resolución 189/2023 y, de esa forma, se dieron de baja las compensaciones para quienes aporten datos para encontrar a 21 represores.
