Leila Gianni, ex subsecretaria legal de Capital Humano y presidenta de la Asociación para la Libertad, Compliance y la Lucha contra la Corrupción, presentó una denuncia formal donde acusa al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por “presuntos abusos de autoridad e incumplimiento de deberes como funcionario público”.
Junto con sus colegas Natalia Rey y Alejandro Scarano, presentó la acción penal formalmente con el patrocinio de los abogados Ariel Alberto Romano Ángel y Luciano Ortiz Almonacid, ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal representado por la jueza María Servini.
La denuncia surge a raíz de la clausura de las nuevas obras del Centro de Distribución y Almacenamiento de Mercado Libre en Tapiales, localidad de La Matanza, la cual “se efectuó bajo órdenes directas del intendente Espinoza”, según se detalla en la denuncia.
Este proyecto, respaldado por una inversión de 75 millones de dólares, “no solo permitiría duplicar la capacidad operativa de la empresa”, sino que también “generaría 2,300 nuevos empleos en la región”, promoviendo el desarrollo económico y social de la comunidad.
El pasado 18 de octubre, agentes de la Policía bonaerense y municipales bloquearon la entrada y salida de vehículos necesarios para el suministro de materiales; esta acción fue calificada por Gianni como “abuso de poder que afecta el desarrollo de un proyecto crucial para la economía local, generando una pérdida millonaria para la empresa Mercado Libre”.
“La Matanza es un lugar que necesita libertad. La gente debe liberarse de la opresión de líderes como Espinoza, quien está procesado por abuso sexual. Espinoza no es progreso. Con él, La Matanza retrocede, y lo que más duele es ver cómo se niega a generar fuentes de trabajo, manteniendo a la población bajo un sistema de clientelismo político que ha dominado durante años”, sostuvo Gianni.
Además, criticó la falta de infraestructura básica en la región y aseguró que “hay muchas calles sin asfaltar” y que, por ese motivo, “las ambulancias no pueden ingresar”.
“Espinoza dice que todos los vecinos tienen cloacas y agua potable, pero eso es una gran mentira. Su administración es siniestra y perversa; no le tengo miedo. La gente merece algo mejor”, remarcó.
Por otra parte, la Asociación destaca que “la clausura es desproporcionada”, ya que existen alternativas menos gravosas “como multas o plazos de regularización que podrían haberse implementado sin perjudicar el avance del proyecto y el beneficio social” que este representa.
Los representantes legales de la Asociación solicitaron a las autoridades “investigar estos hechos para asegurar que se respete el cumplimiento de las leyes y la transparencia en la función pública”; esta denuncia sienta un precedente en la defensa del desarrollo económico y la lucha contra la corrupción en Argentina.
