El ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró el apartamiento del juez Roberto Gallardo del expediente en el que suspendió la aplicación del sistema de reconocimiento facial de prófugos en la ciudad de Buenos Aires y afirmó que "es un buen paso" para reinstalar el dispositivo de seguridad.
"Apartar al juez Gallardo es un buen paso para reinstalar el sistema de reconocimiento facial y seguir trabajando por la seguridad de todos", sostuvo el funcionario de la Ciudad.
En diálogo con El Exprimidor, el programa que conduce Ari Paluch en Radio Colonia, el referente del PRO destacó la decisión del Tribunal Superior de Justicia porteño de apartar al magistrado y señaló que el Gobierno de la Ciudad está "esperando que se resuelva de manera favorable para volver a utilizar un sistema que permitió en un año y 20 días identificar y detener a más de 1.600 delincuentes peligrosos".
El integrante del Gabinete del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se quejó de que el juez Gallardo "siempre tuvo una manifiesta mala intencionalidad hacia el Gobierno de la Ciudad".
"También seguimos esperando que nos dejen utilizar las pistolas Taser y nos liberen las motos aún retenidas por el kirchnerismo", reclamó el primo del ex presidente Mauricio Macri.
Y concluyó: "Nosotros siempre vamos a trabajar por más seguridad, no sólo de los porteños sino de todos los que llegan a la Ciudad".
El Tribunal Superior de Justicia porteño (TSJ) apartó el pasado miércoles al juez Roberto Gallardo del expediente en el que suspendió la aplicación del sistema de reconocimiento facial de prófugos en la Capital Federal.
Por tres votos contra dos, el tribunal consideró válidos los argumentos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que recusó a Gallardo por "temor de parcialidad".
El fallo se dio a conocer justo después de que el juez emplazara a un fiscal de la Ciudad a que se pronuncie antes del viernes sobre el caso, lo que presagiaba un inminente fallo de fondo sobre la acción de amparo iniciada por una ONG.
Los jueces Marcela De Langhe y Santiago Otamendi coincidieron en que "resultan atendibles los agravios esgrimidos por la demandada en el recurso de inconstitucionalidad que aquí se sostiene, en cuanto señalan que la actuación desplegada por el juez de grado ha puesto en penumbras la garantía de imparcialidad que debe regir su función".
"De la propia compulsa de las actuaciones es posible verificar que la índole de las medidas adoptadas de oficio, desde la perspectiva de la demandada, pueden razonablemente generar sospecha de parcialidad", añadieron.
El voto cuestionó que el juez "dispuso una serie de medidas para mejor proveer la pretensión cautelar traída por la actora en su escrito de inicio con fundamento en que resultaba necesario contar ´con elementos suficientes y actuales para evaluarla´".
"El despliegue de medidas, sumado a la amplitud y vaguedad de ciertos pedidos formulados por el magistrado, permiten dar sustento a las sospechas expuestas por la demandada", completaron.
Por su parte, la jueza Inés Weinberg consideró que el Gobierno porteño "ha explicado suficientemente que, por encontrarse en juego la garantía constitucional del juez imparcial, concurren circunstancias especiales que ameritan su revisión y tratamiento en esta instancia".
La magistrada que había sido propuesta como procuradora general de la Nación durante el anterior Gobierno consideró que el rechazo de Gallardo a la recusación en su contra "no constituye una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias obrantes en la causa", que –según su opinión- "ponen en evidencia un clima de confrontación entre el magistrado y la demandada, que resulta a todas luces incompatible con el ejercicio de una jurisdicción imparcial".
Los otros dos jueces, Luis Francisco Lozano y Alicia Ruiz, se pronunciaron en contra de la recusación.
El juez Gallardo había emplazado apenas horas antes de ser apartado por la máxima instancia judicial porteña al fiscal Mariano Cordeiro para que a más tardar el viernes próximo por la mañana se pronunciara como instancia previa a la emisión de un fallo definitivo.
