Esta mañana, el ejecutivo nacional a través del decreto 696/2024, publicado en el Boletín Oficial, anunció el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). La medida fue posterior al desmantelamiento del organismo, que se extendió por seis meses. Según expresaron las fuentes oficiales, la entidad contaba con 400 empleados y más de 40 sedes en diversas ciudades del país.
El decreto presidencial estableció la transferencia de recursos materiales y financieros de la entidad al Ministerio de Justicia.
La cartera encabezada por Mariano Cúneo Libarona, expresó en un comunicado de prensa que la superestructura que montaba el INADI no aseguró eficiencia. “Por ejemplo, tenía 7.000 expedientes sin trámite ni resolución”, indicaron y precisaron que en los primeros dos meses del año “se resolvieron 2.000 de ellos”.
Además, el comunicado afirma que “El Estado nacional abonó los salarios de dicho personal, el que solo en el mes de marzo de 2024 implicó una erogación total de $315.644.195,87, monto que equivale aproximadamente a 2347 jubilaciones mínimas”.
Por último, el Gobierno sostuvo que “Transcurridos más de 20 años desde entonces, el INADI no ha elaborado aún el ‘Plan Nacional contra la Discriminación”.
El reciente anuncio explicita que aquellos trabajadores alcanzados por el régimen de estabilidad quedan sujetos a las previsiones de lo dispuesto en el artículo 11 del Anexo de la Ley Nº 25.164 y sus modificatorias.
