La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó hoy el debate sobre las irregularidades en el funcionamiento de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN) en el marco de la investigación por presunto mal desempeño de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
Antes de que se iniciara la reunión, los diputados nacionales del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley presentaron una ampliación del pedido de juicio político sumando como causal los fallos que suspendieron las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán, tal como lo anunciara días atrás el presidente Alberto Fernández a través de cadena nacional.
Para la audiencia de este jueves, había sido citado como testigo por oficio con requerimiento de intervención judicial el ex director de la obra social, Aldo Tonón, quien renunció semanas atrás al cargo en medio de fuertes cuestionamientos por su desempeño en el cargo. Sin embargo, el funcionario judicial volvió a ausentarse a la comisión por cuarto vez, y queda pendiente lo que resuelva el juez Ariel Lijo para obligarlo a comparecer.
"Nos hemos comunicado con el juzgado del doctor Lijo y ha manifestado que aún está pendiente de estudio y de resolución la medida que ha solicitado la comisión, que es que el testigo venga con el auxilio de la fuerza pública, teniendo en cuenta que ha sido citado en tres oportunidades y ha incomparecido al llamamiento”, informó la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard.
El pasado 3 de mayo la mayoría oficialista había aprobado la moción para que Tonón sea traído por la fuerza pública, lo que requiere la intervención del juez donde tramita la causa penal.
Entre los testigos que sí concurrieron a la comisión, el primero en exponer fue el titular de la Dirección Jurídica General de la Corte, Sebastián Clerici, responsable de forma transitoria de buena parte de las tareas que desarrollaba el ex administrador general Héctor Marchi, quien fue desplazado del cargo recientemente.
Clerici presidió la auditoría que analizó el accionar de la obra social durante un período de 13 años entre 2008 y 2021.
Consultado por Siley sobre la naturaleza jurídica de la obra social, admitió que se trata de una "dependencia de la Corte donde el directorio está dotado de una amplia autonomía" funcional.
Tras el testimonio de Clerici, la comisión le tomará declaración a Laura Ambrosio, afiliada damnificada que relató la falta de respuestas por parte de la obra social cuando su marido enfermó de cáncer.
La mujer lamentó que pese a la urgencia del caso, la prestadora médica haya dilatado sin ningún tipo de justificativo las autorizaciones para el tratamiento de quimioterapia.
Ambrosio contó que debió apelar a un recurso de amparo para que la obra social empezara a autorizar "a regañadientes" y "muy lentamente" los tratamientos.
Sin embargo, señaló los medicamentos para la quimioterapia, que debían estar 48 horas antes de cada sesión, nunca llegaba a tiempo, lo que la obligaba a reclamar recurrentemente a través de llamadas telefónicas para destrabar el envío de los insumos y no perder los turnos.
"Era enloquecedor el estrés de luchar contra una obra social que tenía cobertura pero no la brindaba", recordó la mujer, que detalló que la internación domiciliaria fue un verdadero "caos" porque "no mandaron en ningún momento enfermero" y el médico aparecía sólo una vez por semana para recetar medicación.
Ambrosio agregó que durante todo ese período en que la obra social estuvo prácticamente ausente ella "no daba a basto" y debió "agotar sus licencias" laborales porque tenía que "tapar agujeros en un barco que se estaba hundiendo".
"No hubo tiempo de hacer un amparo porque él murió a los dos meses", concluyó.
Los otros dos citados a la comisión eran Iván Nicolás Ritvo y Gabriel Martínez, ambos contadores públicos, pero ninguno de los dos se hizo presente.
