El juez de Garantías de Avellaneda, Luis Silvio Carzoglio fue destituido hoy por por unanimidad, acusado de mal desempeño en sus funciones por malos tratos a empleados y favorecer a detenidos que pedían morigeración en sus condiciones de arresto. La determinación la tomó el jurado de enjuiciamiento de magistrados de la Provincia de Buenos Aires.
Si bien era muy conocido en Avellaneda por su polémico accionar, Carzoglio tomó notoriedad nacional en 2018, cuando rechazó un pedido de detención del sindicalista Pablo Moyano y denunció que había sido apretado por dos agentes de la AFI que le habían pedido esa medida en nombre del expresidente Mauricio Macri.
El magistrado había sido nombrado en 2007 a pesar que no contaba con muchos antecedentes de peso para obtener el cargo, más que haber sido Director del Cementerio Municipal de Avellanda. Su puesto lo obtuvo gracias a su cercanía con el exintendente Baldomero “Cacho” Álvarez de Olivera. También vale resaltar que su especialidad era el Derecho Civil y fue designado en el fuero Penal.
Además de la destitución, el jurado resolvió “decretar su inhabilitación para ocupar en adelante otro cargo judicial” y “cesar los pagos que se efectúan” por su carácter de juez, que ya no detenta.
El jurado estuvo encabezado por la jueza de la Suprema Corte provincial Hilda Kogan e integrado por los legisladores provinciales Ismael Passaglia y Erica Revilla (Juntos por el Cambio); Débora Galán y Maite Alvado (del Frente de Todos), y Walter Carusso (Espacio Abierto).
Entre las causales de remoción contempladas en la ley provincial de enjuiciamiento de magistrados que se le aplicaron, están: “incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, comisión de graves irregularidades en los procedimientos a su cargo o en los que hubiere intervenido y la realización de actos de parcialidad manifiesta”.
Carzoglio está convencido que su destitución es una venganza del macrismo por negarse a detener a Pablo Moyano en 2018, en el marco de una causa por administración fraudulenta en el Club Atlético Independiente, donde uno de los testigos arrepentidos, era nada más ni nada menos que el ex líder de la barrabrava roja, Pablo “Bebote” Álvarez, quien negoció acusar a la familia Moyano a cambio de que la justicia sea benévola con él. Diego Raidán, abogado defensor del magistrado destituido, anunció que apelará la decisión del Jurado ante la Suprema Corte bonaerense.
El polémico paso de Carzoglio por la justicia.
El magistrado tuvo muchas causas controversiales en los años que estuvo al frente del Juzgado, algunas publicadas en los medios y otras no. Una que nunca tomó trascendencia, no ha sido de esas que lo tuvieron como protagonista por sus cuestionados fallos, sino que ha sido una que lo tuvo como imputado. En efecto, en mayo de 2011, el Sub Comisario Villar, en ese entonces Titular de la Seccional 3° de Dock Sud, denunció que una mujer de nombre Rosalina Rivarola López lo extorsionaba telefónicamente. Esta mujer le pedía 10.000 pesos en nombre del Juez Luis Carzoglio para que éste interceda ante el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y evite que lo remuevan de dicha dependencia. Para probar su denuncia, el oficial contó con la anuencia de la Fiscalía, citó a esta mujer en la dependencia policial y por medio de micrófonos y cámaras ocultas, grabó a Rosalina Rivarola López cuando lo extorsionaba y tomaba la plata. La mujer fue aprendida de inmediato, y según consta en la causa judicial 07-02-006679-10 esta persona pedía que se hiciera presente el Dr. Carzoglio.
En la causa se comprobó también la cantidad de cruces telefónicos entre Rivarola López y el magistrado, llamados que se dieron antes de la grabación de la cámara oculta, tanto como después de que esta persona recuperara la libertad. Finalmente la justicia determinó que la causa se archive hasta que se recolectaran más pruebas contra el magistrado.
Sin embargo, Carzoglio tampoco estuvo exento de la polémica debido a sus fallos. En la Navidad de 2010 decidió dar salida laboral y prisión domiciliaria a 18 reclusos con el fundamento de que estaban detenidos en condiciones de hacinamiento; poco antes lo había hecho con otras personas por los mismos motivos, pero una de ellas, de nombre Diego Armando Rodríguez, a días de estar en libertad por la resolución del juez, disparó a sangre fría contra una familia para robarles el auto, cuyas víctimas salvaron su vida de milagro. "Me quedé indignado cuando me enteré que el delincuente que casi me mata a mí, a mi mujer y al sobrino de ella en el asalto, estaba liberado hacía 27 días. Cuando lo detuvieron estaba mejor que uno. El Juez es responsable de mi vida. Yo tuve suerte", había señalado en ese momento en declaraciones radiales Rolando Quispert Caviades, víctima de aquel hecho.
En 2011 otra vez la polémica se hizo presente en el Juzgado N° 9 de Avellaneda. Su titular decidió dictarles prisión domiciliaria a cuatro mujeres que vendían drogas en sus casas, en las mismas viviendas donde efectuaban la venta de estupefacientes. El magistrado sostuvo que "la decisión fue conforme a derecho, en base al artículo nro. 159 (del Código Procesal Penal bonaerense), que da este tipo de arresto a las mujeres con hijos menores de cinco años". Además agregó que: "estas mujeres son víctimas del sistema, y no tenía otra alternativa para aplicar".
En 2013 la polémica golpeó directamente la puerta de su despacho. Más de mil manifestantes se movilizaron hasta el Polo Judicial de Avellaneda por el desalojo de la curtiembre Becas, quienes lo denunciaron y señalaron su complicidad al aseverar que había un pacto entre el magistrado y su mentor, el ex-Intendente Baldomero “Cacho” Álvarez, para perjudicar al actual mandatario Municipal, Jorge Ferraresi.
El juez ordenó el desalojo de los trabajadores que fueron duramente reprimidos cuando manifestaban contra su persona por la preservación de los puestos de trabajo y contra el vaciamiento de la empresa. Como saldo hubo una gran cantidad de heridos. Luego de la represión, los delegados gremiales acusaron a Carzoglio de connivencia con Cacho Alvarez para generar conflictos y disturbios en el distrito, con el ánimo de mostrar que Jorge Ferraresi actuaba contra los trabajadores.
Con el correr de los años y sobre todo con la llegada del macrismo al poder en 2015, el ahora destituido magistrado, había dejado atrás su encono contra Jorge Ferraresi y tenía buen trato con el intendente de Avellaneda.
